El sistema nacional de CyT se encuentra en un estado crítico. Al ya conocido problema inflacionario de los últimos años, que afecta notablemente la capacidad de desarrollo, se le suman las recientes políticas de reducción tanto de puestos de trabajo como de becas y subsidios.
Como ejemplo más reciente podemos mencionar la distribución de becas doctorales de CONICET informada el día 26 de marzo, pasando de 1393 becas en 2023 a 600 becas en 2024 (un 57% menos).
En un país con necesidades imperiosas en áreas tan sensibles como salud, conservación del ambiente, alimentación y energías renovables (solo por nombrar algunos ejemplos), la distribución de becas doctorales muestra claramente una política institucional que va en la dirección opuesta a lo que la sociedad demanda:
Ciencias Médicas: 35 becas
Cs. de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera: 37 becas
Ciencias Ambientales: 24 becas
Ingeniería de Alimentos y Biotecnología: 19 becas
Al mismo tiempo, vemos con muchísima preocupación cómo se realizan despidos injustificados de personal de apoyo, administración e investigación en los diferentes institutos de CyT, afectando negativamente el normal funcionamiento de dichos organismos, y al bienestar económico y la fuente laboral de muchas personas que, a partir de ahora, quedarán desocupadas.
Nos solidarizamos con quienes han perdido injustificadamente su trabajo, y repudiamos enérgicamente estas maniobras de desmantelamiento de las instituciones de CyT.
A todo lo anterior se suma la falta de designación de una persona responsable en el FONCyT, lo que impide la distribución de los subsidios, ya de por sí magros, a los diferentes proyectos evaluados y aprobados.
Esto, claramente, paraliza a muchos grupos de investigación que ven imposibilitada la adquisición de reactivos, insumos o equipamiento para desarrollar sus tareas.
El sistema nacional de CyT está fuertemente ligado a las Universidades, ya que en ellas, y en el espacio físico que proveen, se realizan muchas de las investigaciones. Por esto, las Universidades Nacionales se ven seriamente afectadas en este contexto de reducción de fondos y de personal.
Esto no solo impacta sobre la calidad y cantidad de la investigación, sino que también repercute sobre la docencia y la extensión, las tres funciones de la Universidad que se retroalimentan y fortalecen.
No menor a esto es la prórroga del presupuesto universitario, haciendo que los fondos girados a nuestra institución sean equivalentes a los del 2023, ignorando los preocupantes niveles de inflación de casi 260%.
Con este presupuesto, a todas luces insuficiente, la Universidad debe afrontar los costos del mantenimiento de edificios, compra de insumos para investigación, docencia y extensión, salidas de campo y obras generales, todo lo cual resulta, en este contexto, una tarea casi imposible de cumplir satisfactoriamente.
Esta reducción de fondos y de personal, que apunta al ya famoso “déficit cero”, lejos de generar un ahorro para el país, terminará produciendo un impacto sumamente negativo: la escasez de profesionales nacionales de excelencia y de insumos adecuados para sus labores obligará a aumentar las importaciones (de profesionales y de equipamiento), en detrimento de la soberanía científica y tecnológica nacional.
En otras palabras, dejaríamos de “hacer ciencia” para “comprar ciencia hecha”.
Entendemos que el sistema de CyT merece una rediscusión profunda, pero tenemos el convencimiento de que desmantelarlo, lejos de solucionar cualquier problema actual, solo lo agravaría.
En este sentido, ratificamos nuestro compromiso institucional con la ciencia y la tecnología de calidad y públicas, desarrolladas por profesionales de excelencia que se forman en nuestro país.